A juicio ‘El enfermero’ por negar su participación en abortos de reclutadas por las FARC
Ha sido señalado en múltiples testimonios de víctimas de otras formas de violencia reproductiva cometidas contra mujeres, algunas de ellas menores de edad, que fueron reclutadas.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP activó el proceso adversarial contra Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como ‘El enfermero’, al constatar que el compareciente negó su participación con el Bloque Noroccidental de las antiguas FARC y su responsabilidad en conductas que constituyen violencia reproductiva asociada al reclutamiento de niñas y niños por parte de esa extinta guerrilla.
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En consecuencia, su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que asumirá el trámite judicial correspondiente.
La decisión fue adoptada luego de que el análisis probatorio permitiera concluir que los hechos por los que se investigó al compareciente, como “abortos forzados, homicidio (de neonatos) en persona protegida y tortura en persona protegida”, hacen parte del patrón de violencias reproductivas identificado en el Caso 07, las cuales constituyen graves crímenes de guerra bajo la competencia de la JEP.
Según la JEP, los relatos de las víctimas acreditadas para participar en el Caso 07, junto con los informes presentados por organizaciones de derechos humanos que han documentado patrones sistemáticos de violencia contra niñas y niños reclutados por las extintas FARC, fueron determinantes para la decisión adoptada por la sala.
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La Jurisdicción reiteró que el rol protagónico de las víctimas es esencial para el esclarecimiento pleno de la verdad, y subrayó que su participación activa continúa siendo un pilar fundamental de los mecanismos restaurativos del Sistema Integral para la Paz.
Asimismo, la sala precisó que, conforme al principio de estricta temporalidad que rige en la JEP, no es requisito previo la emisión de un Auto de Determinación de Hechos y Conductas para activar el proceso adversarial en este escenario. Esto, en la medida en que el despacho relator del Caso 07 ya recibió la versión voluntaria del compareciente, en la cual negó haber pertenecido o colaborado con las antiguas FARC y alegó su inocencia. Dicha versión fue posteriormente objeto de observaciones por parte de las víctimas acreditadas en el caso, quienes manifestaron su desacuerdo con lo afirmado por el compareciente.
Según el material probatorio recaudado, Arboleda habría colaborado con las FARC entre 1997 y 2004, en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas, Chocó y Valle del Cauca. En la justicia ordinaria se le atribuye haber practicado procedimientos médicos en condiciones degradantes e inhumanas, especialmente contra niñas y mujeres que hacían parte de las filas de la extinta guerrilla, a quienes les inducía abortos y les aplicaba métodos anticonceptivos de manera forzada.
La magistratura consideró que existen elementos suficientes para determinar que la vía adversarial es el curso procesal adecuado en su caso y que no procede continuar con un procedimiento dialógico. Este último, recordó la Sala de Reconocimiento de Verdad, no está concebido para controvertir la inocencia o responsabilidad penal del compareciente a través de un debate probatorio.
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Actualmente, en el Caso 07 se encuentran acreditadas 10.253 víctimas, de las cuales 1.350 son individuales y 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas reconocidos como víctimas de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
En 2024, mediante el Auto 005, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a reconocer la máxima responsabilidad de seis antiguos integrantes del Secretariado de las extintas FARC por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra en el contexto de la vida intrafilas, incluyendo violencias reproductivas.
Tras la remisión del caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), esta deberá adelantar una investigación y decidir si formula una acusación contra el compareciente ante el Tribunal para la Paz.
Héctor Albeidis Arboleda Buitrago podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel y perder los beneficios del sistema si se comprueba que no contribuyó sustancialmente a la verdad ni reparó a las víctimas.